ArteGuillotina
ArteGuillotina/Obra gráfica contra la monarquía
Inauguración el 13 de septiembre a las 19 h. en la Fundación Anselmo Lorenzo, Calle Peñuelas 41, Madrid.
A continuación el texto de Luis Navarro para el catálogo:
CUENTOS DE AYER Y DE HOY
La Constitución española de 1978 arranca con una grave incoherencia que hace inviable su interpretación orgánica. En su artículo 1 define a España como un estado democrático cuya soberanía reside en el pueblo, para señalar a continuación que su forma política es una monarquía, por más que parlamentaria. En términos lógicos esto supone afirmar de manera axiomática principios contradictorios en un mismo texto que pretende ser constituyente. Es decir todas las demás leyes orgánicas y derivadas deben ajustarse a los fundamentos constitucionales, y ninguna nueva norma jurídica que apruebe el parlamento puede entrar en conflicto con ellos.
La carta robada
La palabra monarquía indica que la soberanía, la fuente del poder político, reside en una sola persona, mientras que en las democracias emana del pueblo de una forma u otra. La teoría política ha cambiado poco respecto a la clasificación de las formas de poder establecida por los filósofos clásicos, quienes distinguían entre el gobierno de uno (monarquía), el gobierno de una clase, ya fuese de sabios o de militares (aristocracia), o el gobierno de todos (democracia), o al menos de todos aquellos a los que se reconocía la condición de ciudadanía. Estas tipologías tenían carácter excluyente a la hora de aplicarse a la organización del estado, y en particular monarquía y democracia ocupaban los extremos más alejados de la nomenclatura: la monarquía se justifica en todos los casos mediante recurso a un principio trascendente, sea de orden teológico o identitario, mientras que las democracias lo hacen en base a principios inmanentes, materialistas o pragmáticos pero básicamente seculares. Las monarquías parlamentarias europeas modernas son un injerto, una criatura monstruosa nacida de especies que se odian cuyo único propósito es limitar y controlar despóticamente el sano ejercicio de los derechos democráticos.
No es la única contradicción en nuestra carta magna referida a la Corona. Según su artículo 14 “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero el 56 establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. De donde se seguiría que el rey no sería español, o acaso no sería humano, como aseguraban los Sex Pistols de la reina Isabel II o como afirman algunos conspiracionistas.
Está claro que este principio de igualdad inherente a la democracia no puede darse en un estado monárquico, siquiera sea por la banalidad de que ningún ciudadano puede acceder a la jefatura del estado, sea cual sea su capacidad o el apoyo social que concite, si no es el poseedor de los derechos dinásticos. Y estos derechos no son una cuestión simplemente genética. Las monarquías modernas ya no se justifican en razón de un mandato divino, pero siguen siendo resultado de un derecho de conquista militar en la mayoría de los casos. Es decir, se implantan mediante la violencia, se sostienen mediante el uso intimidatorio de la fuerza y no suelen caer sino violentamente.
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