A lo largo de los últimos años la situación habitacional de las familias madrileñas se ha vuelto tan crítica que muchas de ellas se han visto forzadas a habitar viviendas de forma irregular en las que refugiarse; concretamente, y recogiendo sólo aquellos casos que han pasado por los tribunales, se registraban 1146 procedimientos en 2010, 1655 en 2011, 2516 en 2012 y 3246 en 2013: un aumento del 183% en cuatro años, 9 usurpaciones diarias por cada 25 desahucios. No deja de resultar paradójico que la autotutela desesperada de un derecho fundamental sea analizada desde nuestras instituciones, responsables de garantizar nuestros derechos, incluido nuestro ayuntamiento del cambio, únicamente como un delito.
A lo largo de los últimos años la situación habitacional de las familias madrileñas se ha vuelto tan crítica que muchas de ellas se han visto forzadas a habitar viviendas de forma irregular en las que refugiarse; concretamente, y recogiendo sólo aquellos casos que han pasado por los tribunales, se registraban 1146 procedimientos en 2010, 1655 en 2011, 2516 en 2012 y 3246 en 2013: un aumento del 183% en cuatro años, 9 usurpaciones diarias por cada 25 desahucios. No deja de resultar paradójico que la autotutela desesperada de un derecho fundamental sea analizada desde nuestras instituciones, responsables de garantizar nuestros derechos, incluido nuestro ayuntamiento del cambio, únicamente como un delito.
Desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid hemos apostado por una dinámica participativa con el nuevo ayuntamiento. Así que cuando nos comunicaron que desde la EMVS se pretendía modificar el reglamento interno nos pusimos manos a la obra para revisarlo y presentar las alegaciones pertinentes. El pasado 7 de marzo de 2016 presentamos ante registro un documento que a posteriori fue desestimado en su totalidad exceptuando un pequeño punto de cambio de nombre. Igual que fueron sucesivamente desestimadas en su totalidad las diferentes alegaciones que se presentaron desde otras entidades y personas. Entendemos con esto una falta de escucha y dialogo con el conjunto de la ciudadanía por parte de Marta Higueras y su departamento.
Vistas las ultimas informaciones sobre la aprobación de un reglamento que, ahora si, parece suscitar cierta discrepancia social e interna en el seno del ayuntamiento, queremos recordar nuestras alegaciones y pedir una revisión de la desestimación de las mismas y remarcar nuestra total repulsa al requisito de “no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble de titularidad pública en el momento de la solicitud o con posterioridad a la misma”. Esta medida, al mas puro estilo PP, es un circulo vicioso, que no hace mas que perpetuar y criminalizar una situación de extrema miseria. Que no deja otra solución a las miles de familias madrileñas que se encuentran ahora mismo ocupando una casa de manera irregular a mantener la misma situación de irregularidad si no quieren verse en la calle.
En la misma tesitura nos encontramos con la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes nos convoca a reunión tras reunión, a las que ni siquiera se presenta, para que al final queden de nuevo nuestras peticiones en papel mojado. En la modificación del reglamento del IVIMA tampoco se han incluido nuestras demandas y también se opta por criminalizar a las más desfavorecidas, hasta 15 años por habitar una casa irregularmente.
Por si fuera poco, la ocupación ilegal de viviendas en Madrid será perseguida más intensamente a partir de ahora. La Delegación de Gobierno en Madrid ha creado la figura del ‘comisario antiokupa’, un coordinador especializado de la Policía Nacional que “centralizará las acciones y favorecerá que la lucha contra estas usurpaciones de viviendas sea cada vez más efectiva”. Así, nos enterábamos esta mañana por la prensa, que el ayuntamiento de Madrid representado por nuestra alcaldesa Manuela Carmena y el concejal de seguridad, Javier Barbero se han reunido con Delegación de gobierno para nuevamente seguir abordando la problemática de la vivienda desde el enfoque de la criminalización y culpabilización de las más desfavorecidas.
Desde el inicio de la legislatura, la Concejalía de Servicios Sociales sigue una política errática con respecto a la vivienda, cuando no directamente se pone al servicio de los oscuros intereses de las entidades financieras. Llevamos tiempo esperando un cambio de actitud por parte de Marta Higueras y su equipo, y le hemos manifestado de diversas formas nuestra posición. Sin embargo, la vice alcaldesa parece hacer oídos sordos a nuestras reclamaciones, ahí están para demostrarlo de nuevo con el Reglamento de la EMVS y la criminalización de las okupaciones que le hace el juego al gobierno en funciones del PP.
Las últimas medidas del ejecutivo de Rajoy son de facto un golpe de estado. La pretensión de derogar la ley catalana de vivienda y la creación de un “comisario antiokupa” son los dos últimos golpes que un gobierno que quiere conservar el control asesta a los más vulnerables. El PP, desde el estado o desde la CAM, sirve hasta el final a sus amos… Eso no nos sorprende. Pero, ¿a quién sirve el ayuntamiento de Ahora Madrid?
Estamos cansadas de bailar al son de políticas vacías y reuniones de fotografía. Queremos escuchar nuestros cánticos transformados en políticas valientes y no solo en la plaza después de un mitin electoral.
Exigimos cuidado y respeto frente a la ciudadanía más desfavorecida de Madrid aportando soluciones reales frente la problemática de vivienda y no mas criminalización y castigo.
Exigimos que se reabra la vía participativa y que se tenga en cuenta el trabajo conjunto.
Exigimos contundencia, seriedad y valientía por parte de nuestros políticos ante una problemática que llevamos demasiado tiempo arrastrando!
Sabemos que SÍ SE PUEDE!