Contra el 14 de Abril

Casas Viejas (1933)

Todos los años por estas fechas se celebra la proclamación de la II República. La melancolía de un proyecto «progresista» truncado por el alzamiento fascista parece la coartada perfecta para abandonarse en una suerte de ucronía según la cual el eventual triunfo del bando republicano nos habría llevado a un paraíso democrático desbaratado por los asesinos franquistas que impusieron la larga noche de una dictadura que duró cuarenta años.

Sin dejar de admitir que el proyecto republicano resultaba más humano que el impuesto a sangre y fuego por los rebeldes acaudillados por Franco, no podemos perder de vista, en aras de la objetividad histórica que la República burguesa ejerció una represión salvaje sobre las clases populares. Es significativo este pasaje de  Viaje a la aldea del crimen de Ramón J. Sender sobre los acontecimientos del pueblo gaditano de Casas Viejas, donde en enero de 1933 una revuelta fue brutalmente sofocada por las fuerzas del orden republicanas, 25 personas perdieron la vida:

«Se citaba también la posibilidad de recompensas de guerra, de propuestas para gratificaciones, aclarados esos extremos, dieron la voz de «¡Firmes!», y el jefe máximo felicitó a las fuerzas con una retórica de Diario Oficial. Habló de su valentía y de su espíritu combativo. Al final, gritó:

-¡Viva España!

Contestaron todos:

-¡Viva!

-¡Viva la República!-añadió.

-¡Viva!

Los campesinos de la cuerda de presos callaban. No se trataba de ellos. Se trataba de la España y de la República que permite «devengar haberes de campaña» porque la otra, la que trabaja, y produce, y sufre hambre y miseria para morir al final, como Josefa Franco o Francisca Lago o como el septuagenario Barberán, ésa no es España. Ni sus sueños de campesinos sin tierra son la República»

Los acontecimientos de Casas Viejas deben de enmarcarse en la decepción que la Ley de Reforma Agraria supuso para el campesinado sin tierra. Según el historiador Chris Ealham: «De apariencia asistencial y de ayuda a los pobres campesinos sin tierra, realmente su objetivo era un proyecto contra la crisis económica creando una pieza clave para construir un capitalismo de consumo sustituyendo a la subsistencia del agotado latifundio. En el ámbito político, creaba “campesinos felices” que servirían de apoyo social para el nuevo Estado. En la práctica, el Instituto de Reforma Agraria no tenía recursos ni había consenso político entre la oligarquía para llevar a cabo tal reforma, viendo los grandes propietarios un miedo medieval a perder sus tierras. Así pues, muchos campesinos emprendieron las tradicionales ocupaciones de tierras y experiencias colectivizadoras por su cuenta, en especial en la zona de Extremadura, que con frecuencia eran reprimidas a disparos por la Guardia Civil, como siempre había estado, al servicio del poder burgués. Son destacables hechos que acabaron con ríos de sangre, como los sucesos de Castilblanco (Badajoz) el 30-12-1931, en los que se dio muerte a cuatro guardias civiles una vez mataran éstos a un vecino del pueblo (dato que la prensa del momento tendió a obviar); los archifamosos sucesos de Casas Viejas, en enero de 1933, en el contexto de una fallida insurrección anarquista, dejando más de una veintena de campesinos muertos y un posterior juicio contra los detenidos al año siguiente; la interesadamente desconocida matanza de Yeste (Albacete), ocurrida el 29 de mayo de 1936, bajo el gobierno del Frente Popular, y que se saldó con 17 campesinos mortalmente tiroteados y más de 30 heridos; y las colectividades agrarias surgidas tras el fracaso de la sublevación del 18 de julio, a las que la República terminó boicoteando, reprimiendo y encarcelando o fusilando a la mayoría de sus destacados personajes en el verano de 1937».

Este análisis de Ealham se extiende a otros aspectos de la legislación republicana, como las leyes laborales. «Emitidas por el ministro de Trabajo entre 1931 y 1933, Francisco Largo Caballero, líder del “sector radical” del PSOE y secretario general de la UGT, sindicato adscrito al PSOE que había servido de base sindical a la dictadura de Primo de Rivera bajo el patrocinio de Largo y su proselitismo de los “comités paritarios” del régimen militar. Las leyes están encaminadas a apoyar a los sindicatos legales y adeptos al sistema, en especial al suyo propio, y jamás al anarcosindicalismo. Estas leyes, pues, criminalizan la acción directa tan empleada por la CNT en los conflictos laborales, así como se establecen jurados mixtos de patronos y obreros para resolver conflictos. En el bienio 1931 – 1933 vuelven a repetirse roles de juego sucio sindical usados por la patronal a finales de la Restauración, en esta ocasión directamente usados por el Estado. Inéditamente militantes de los “sindicatos amarillos” que habían roto huelgas, apalizado e incluso asesinado a cenetistas en Cataluña entre 1914 y 1923 durante los llamados “años de plomo” pasan a militar sin ningún problema en la UGT, protagonizando una vuelta al pistolerismo, a la coerción física y al abuso de poder patrocinada de nuevo por el Estado. Varias decenas de militantes obreros, en especial de la CNT, caen ante las balas de los nuevos pistoleros, respondiendo igualmente ellos a la nueva ola de terrorismo de Estado. La policía asalta sedes de sindicatos de la CNT, carga y tirotea en mítines y llega a aplicar de nuevo la “ley de fugas”, cuyo caso más conocido fue el tiroteo mortal a cuatro militantes de CNT en Sevilla en el Parque María Luisa: fueron descargados de un camión y asesinados en el acto por la policía».

La ley de Orden Público contemplaba el Estado de Guerra, lo que suponía la irrupción del ejército en la gestión de la vida cotidiana. El gobierno cede el territorio declarado tal a una autoridad militar, con competencia en todo y al margen de cualquier ley civil. Sólo fue aplicado en octubre de 1934 en la insurrección de Asturias (dejando un saldo de más de 1000 muertos civiles, unos 300 militares y policías, 20000 detenciones y varias penas de muerte) y sería donde Franco tomaría su apodo de «El Carnicero de Asturias» ya que fue el militar encargado por el gobierno republicano de aplastar la rebelión. Sobre la población de Mieres se lanzaron unos panfletos gubernamentales que rezaban así:

«Rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas: la rendición sin condiciones, la entrega de las armas antes de veinticuatro horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Companys y sus hombres esperan en la cárcel el fallo de la Justicia. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. ¡Rendíos al gobierno de España! ¡Viva la República!»

Las leyes de Orden Público  supusieron la normalización de las prácticas represivas llevadas a cabo por la República en sus primeros meses de vida, tales como asesinatos en huelgas o manifestaciones (5 asesinados en una manifestación obrera en Trintxerpe, Gipuzkoa, por máusers de la Guardia Civil; 11 muertos en Arnedo bajo disparos de la Benemérita en una huelga contra unos despidos… como casos más conocidos), y multitud de saltos jurídicos y policiales de las leyes provisionales vigentes.

Dentro de las leyes desarrolladas por la República destaca sin duda la llamada de «Vagos y Maleantes» que equivocadamente se atribuye al regimen franquista cuando este sólo la modificó para añadir a los homosexuales entre sus perseguidos en 1954, basándose de todo su repertorio republicano previo. Volvamos a Chris Ealham: «Esta ley fue creada en 1933 para acabar con los llamados “parásitos sociales” (traficantes de drogas, pequeños delincuentes, prostitutas, vagabundos o gentes sin trabajo, proxenetas, mendigos…). Pero no buscaba perseguirlxs, pues ya estaban condenados por el Código Penal de 1932, sino añadir a la legislación la categoría del “estado de peligrosidad”, una nomenclatura ambigua que establecía la posibilidad en potencia de cometer un delito a un individuo por el mero hecho de pertenecer a un determinado sesgo social marginado. Su arquitecto fue el “socialista” Luis Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución de 1931, que la introdujo con un halo “progresista” de mejora en la legislación social y en la seguridad colectiva, para así calar mejor, suponiendo un salto cualitativo en cuanto a represión estatal. Para la aplicación de esta ley fueron creados campos de concentración de los que a propósito nos ha quedado poca información. En ellos, bajo unas condiciones dignas del contemporáneo campo de Dachau cuyos creadores, los nazis, tanto fueron criticados por la oligarquía republicana, los reclusos trabajaban y pasaban hambre, muriendo muchos de ellos. Llegó a haber unos tres o cuatro levantamientos en los campos, auspiciados todos por el anarquismo. Entre ellos cabe destacar el desaparecido Castell de Figueras, última residencia del gobierno republicano en Cataluña en febrero de 1939, que fue dinamitado por el Ejército Popular Republicano al ser abandonado, con mucha documentación en su interior. Otros que sobrevivieron, como el de Totana (Murcia), fueron usados al acabar la guerra por los militares para meter en ellos a los disidentes. De nuevo por ironías del destino la derecha utilizó esta ley contra sus propios creadores, pues éstos a su vez la utilizaban contra gente de “aspecto sospechoso”, en especial obreros desocupados que buscaban trabajo, o se hallaban en su día libre, y en especial contra “rebeldes sociales”, destacando entre éstos últimos libertarios exiliados de las dictaduras de Italia y Argentina carentes de papeles. Homosexuales, travestis, mujeres “de dudosa reputación”, parados, “ocupas” de aquella época e inmigrantes andaluces, murcianos o extremeños fueron también víctimas de la aplicación de esta ley por prejuicios machistas, clasistas o racistas. También era común usarlo contra militantes de la CNT mientras pegaban carteles, hacían pintadas o repartían panfletos. Durruti y Ascaso fueron detenidos acusados de “vagabundeo” en 1933 en Andalucía mientras hacían campaña sindical, pese a haber ido con el total permiso de sus jefes del trabajo».

 

Asi que amigxs cuando hoy enarbolen la bandera republicana tengan en cuenta todos estos datos e investiguen por ustedes mismxs

 

Salud y ….. (¿otra cosa que no sea República?)

 

Las citas de Ealham en: https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/los-mitos-de-la-ii-repc3bablica.pdf

 

Para saber más

RODRIGO MORA, F. Investigación sobre la II república española, 1931-1936 (de próxima publicación)

AMORÓS, M. (2001) La revolución traicionada (la verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti). Barcelona, Virus.

BALLBÉ, M. (1985) Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983). Madrid, Alianza.

CRUZ, R. (2006). En el nombre del pueblo. Madrid, Siglo XXI.

ESPINOSA MAESTRE, F. (2007) La primavera del Frente Popular: los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936). Barcelona, Crítica.

GIRÁLDEZ MACÍA, J. (2010) Creyeron que éramos rebaño. La Orotava (Tenerife), Libreando Ediciones.