Libertad, amnistía… y plena soberanía // Enric Durán

Texto de Enric Durán que continúa sus reflexiones sobre las oportunidades transformadoras que puede abrir el proceso independentista en Calatuña, tras su primer texto sobre el tema, anteriormente aquí publicado: Por qué haré campaña para el 27-S … y después!

Es difícil olvidar el lema más famoso de la lucha de los últimos años de la dictadura y primeros de la Transición. Y todavía más ahora que Cataluña se acerca a la posibilidad de una ruptura con el viejo régimen; de nuevo, cuarenta años después.

A mí me da qué pensar el hecho de que políticos de tan diversas orientaciones coincidan en afirmar que no vivimos en un Estado de Derecho. Si todos aquellos que lo dicen se tomasen en serio esta constatación, tendrían el deber de ser coherentes y, entre las primeras medidas económicas para demostrar la plena soberanía, tendrían que reestablecer el derecho de todos aquellos que están o han estado privados de libertad, como víctimas políticas y económicas de un Estado antidemocrático y altamente desigual.

Aquellos que denuncian la falta de democracia del Estado español después de vivirlo en su propia carne en el proceso independentista, harían bien teniendo presente que el uso político que el gobierno del PP hace del Tribunal Constitucional tan sólo es un ejemplo más de la vulneración de derechos en el sistema judicial español.

Hay más ejemplos que confirman que no vivimos en un Estado de Derecho. Por ejemplo, la práctica habitual de los jueces de dar más peso a la versión de los testimonios que representan el poder político y económico que a cualquier otro; como hacen cuando decretan veredictos considerando como único testimonio la versión policial o como el caso de los bancos contra mí cuando decidieron aceptar tan sólo testimonios de la acusación y desestimar los de la defensa. Pero hay muchos más.

Ya sabemos de qué manera indignan a la sociedad catalana estas injusticias. Lo hemos visto a raiz de la proyección en TV3 de ‘Ciutat morta’. Y todavía lo vivimos con casos que originan una inmensa indignación, como el de los procesados en huelgas generales o el de los condenados por haber intentado detener el Parlament en 2011.

Por tanto, si tenemos sospecha firme de que muchas personas han de soportar penas injustas o desproporcionadas bajo la responsabilidad de un Estado que dejaremos atrás, ¿con qué conciencia se pueden mantener inalteradas todas estas injusticias si Cataluña se constituye en un nuevo Estado?.

En este contexto, e indagando en las hojas de ruta de las candidaturas políticas que quieren este nuevo Estado catalán, extraña que no haya ninguna referencia a un nuevo proceso de amnistía que acompañe el proceso de independencia. Todavía más teniendo en cuenta que esta ley, ya que es de carácter excepcional de ruptura, sería oportuno que se situase después de la Declaración de Independencia y antes que el Proceso Constituyente.

Por eso, ahora que todavía estamos a tiempo, cabe reivindicar, como una de las primeras muestras del ejercicio de soberanía respecto a España, que se aplique una ley de amnisitía, de manera que todos los beneficiados por esta medida puedan participar en el proceso constituyente o hacer aquello que quieren desde su plena soberanía personal, que les ha sido secuestrada.

Una ojeada a las estadísticas penitenciarias nos reafirman en el camino a seguir.

Si miramos los datos de las prisiones catalanas, en Cataluña hay actualmente 9.213 reclusos (datos de Idescat de mayo de este año). Esto quiere decir: 1,22 presos por cada 1.000 habitantes. Una cifra alejada del 0,7 que tienen países como Dinamarca y Noruega, con los que tanta gente quiere reflejarse.

De estos 9.213, más de 6.000 han sido encarcelados por delitos relacionados con el orden político y económico (incluyendo los de salud pública) y muchos pueden considerarse directa o indirectamente víctimas de un orden injusto. Es decir, víctimas de un Estado que no es de derecho y de un Estado que ya no es de bienestar, si es que lo ha sido alguna vez. Un Estado que hace crecer las desigualdades y el número de personas en situación de extrema pobreza, después de estos siete años de crisis.

Así pues, de estos 6.000 presos, se podrían liberar, aproximadamente, 3.900 para llegar al índice de encarcelamiento de estos países europeos, desde la hora cero del nuevo Estado.

No serían las únicas personas beneficiadas por esta medida, porque hay muchas que han sido perjudicadas. ¿Qué me dicen de aquellas personas de nuestro presente marcadas por antecedentes penales a quienes se les cierran las puertas en diversos ámbitos de la vida? ¿Y las que han de soportar medidas penales alternativas? ¿Y aquellas que quedan pendientes de los tribunales con el corazón en un puño porque pueden perder su libertad en cualquier momento con una condena y orden de prisión irrefutables?

Si a los 3.900 presos sumamos todos aquellos con antecedentes penales por causas políticas y sociales a quienes podría afectar la amnistía y todos aquellos que estamos procesados sin haber llegado a juicio, los beneficiados por esta amnistía podríamos ser decenas de miles.

Ahora, como nos ha enseñado la memoria de la Historia, no vale cualquier amnistía, no es el momento de una nueva transición conciliadora con los más poderosos. Ya no estamos en el 77 y, además, recientemente las clases poderosas ya han tenido una amnistía, la fiscal. La amnistía que está pendiente es la amnistía de los pobres, los excluídos, los rebeldes, los recien llegados, los insumisos, los desposeídos… no se trataría de una ley de conciliación interclasista, sino de una acción de justicía poética.

Si Cataluña quiere ser un Estado creíble en cuanto a la determinación de ruptura, una ley que decrete la libertad y la amnistía de miles de personas de las clases populares es una condición.

Si hay una acción parlamentaria que pueda simbolizar a la vez la ruptura con el Estado español y sus políticas de pobreza y también la ruptura con una forma de gobernar al servicio de los poderes fácticos – que continuarán existiendo en Cataluña por mucho que se independice – es ésta. Una acción de plena soberanía institucional para reestablecer la plena soberanía personal de tantos y tantas.

Si miramos el proceso constituyente, esta acción también debería significar un paso previo al establecimiento de un nuevo sistema judicial que incluya el diálogo y la restauración en el centro de la gestión de los conflictos; y, a la vez, un sistema penal que se base en la reinserción social y no en el castigo ejemplar, como el que hemos heredado del franquismo. Un nuevo sistema que dé a la prisión la función del último recurso y no que mantega la función de amenaza vengativa contra todos los que, desde la dignidad, luchamos por una sociedad mejor.

Hechos y no sólo palabras para limpiar las consecuencias de la peor parte del Estado que se quiere abandonar y para abordar la construcción de un sistema judicial equitativo y restaurativo del siglo XXI.

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