Manifiesto NO SOMOS DELITO

Fotografia DisoPress. CC BY-NC-SA 3.0 ES

Más de setenta colectivos sociales rechazan la aprobación del Proyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

«Legislar a favor de las personas y no en su contra»

En primer lugar, rechazamos una Ley cuya justificación se basa en una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía que, en realidad, no existe. Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años todo apunta hacia una disminución acusada en el número de delitos (exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos), lo que nos coloca muy por debajo de la media europea (VER: Balance de la criminalidad 2013 del Ministerio del Interior http://goo.gl/A8v3cW). Ésto demuestra cómo el gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear una  falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes de los derechos de la ciudadanía.

Medidas intimidatorias que refuerzan el control del Estado sobre la ciudadanía

Esta sensación de inseguridad ficticia creada expresamente por el Gobierno, no sólo le ha servido para introducir en este proyecto de Ley nuevas infracciones y castigar más duramente las ya existentes, sino que ha sido aprovechado para blindarse aún más frente a las numerosas reclamaciones de la ciudadanía. Así, el proyecto introduce una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación será hecha por el propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes en su actuación.

●    Redadas preventivas, sin necesidad de que haya alteración efectiva de la seguridad, sin ningún tipo de requisito o criterio adicional. En concreto, podrán limitar que circulemos o permanezcamos en un determinado lugar de la vía pública si la policía considera que «existen indicios racionales de que se pueda alterar la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia». No se exige que la alteración se esté produciendo, sino que los agentes consideren que puede llegar a producirse, según su criterio. En nuestra opinión esto abre un margen de interpretación muy amplio que podría traducirse en restricciones arbitrarias.

●    Sanciones por asistir a manifestaciones y concentraciones sin que se provoque ninguna alteración, sólo por el mero hecho de no haber sido comunicadas en plazo. Además, la sanción se agravará si estas tienen lugar en infraestructuras críticas o sus inmediaciones (cuyo listado es secreto de estado y por tanto no pueden conocerse), ante parlamentos autonómicos o el Congreso (aunque ni siquiera estén reunidos ese día) o si la policía no puede identificar fácilmente a las personas asistentes (por llevar una bufanda en invierno o una gorra en verano, por ejemplo)

●    Disolver una manifestación en caso de urgencia. La policía podrá dar la orden de disolución en el acto, de manera verbal y sin motivar, si considera que existe una situación de urgencia. La consecuencia de aprobar algo así es que la policía tendrá una amplísima discrecionalidad para disolver manifestaciones en el momento que quieran, al ser ellos los que deciden cuándo estamos ante una situación de urgencia. Además, la policía podrá alegar que dió orden de disolver, orden cuya existencia no tendrá siquiera que acreditar, y que podrá justificar en percepciones de ese momento o circunstancias inventadas, y así crear artificiosamente una razón para sancionar, basada en que no se hizo caso a la orden dada.

«Sin consenso con la ciudadanía»

Igualmente denunciamos que medidas legislativas de tanta relevancia para la convivencia en democracia como las que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana, están siendo tramitadas justamente en verano, con el objeto de que pasen inadvertidas y evitar el debate entre la ciudadanía, sus colectivos e instituciones. Estamos hablando de la aplicación de un paquete de medidas intimidatorias que consideramos hechas a medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando en los últimos tiempos. No nos cabe duda de que el objeto de este proyecto de ley no es otro que el de limitar el derecho a la protesta. A este respecto, la  ley de Seguridad Ciudadana califica, como infracciones graves, sancionadas con multas de 601 euros a 30.000 euros, «la perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al congreso, senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas». El texto establece también, sanciones graves por «el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menoscabo del derecho fundamental a la información», un matiz, este último que podrá generar cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma. A su vez, incluye como infracciones leves sancionables con multas de 100 a 600 euros, «la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público» de las que serán responsables «los que se consideren como promotores u organizadores», «las injurias o faltas de respeto y consideración dirigidas contras las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones» o «el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización».

“Porque tenemos algo que decir: No somos delito”.

Consideramos que la tramitación de una Ley de Seguridad Ciudadana como la que hoy impulsa el gobierno no es un hecho aislado y puntual. Creemos que ésta y otras leyes en proceso de modificación responden a un plan de DE-GENERACIÓN democrática impulsado por el actual  gobierno en aras del vaciamiento de los derechos y libertades democráticas. Nos referimos a un amplio paquete legislativo que incluye reformas tales como la Ley de Seguridad Ciudadana, la  ley del aborto o el Proyecto de Reforma del Código Penal que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, todas ellas, dirigidas a criminalizar nuestras libertades, castigar la protesta social pacífica y especialmente, las situaciones de pobreza. Lo que nos lleva a pensar, que a día de hoy vivimos en una sociedad cada vez más desigual, más quebrada, y en la que se demuestra repetidamente que no somos iguales ante la ley como estipula el artículo 14 de nuestra Constitución.

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