Las organizaciones y personas abajo firmantes, ante el cúmulo de irregularidades, falta de pruebas consistentes, ausencia de documentos, inseguridad jurídica, y atropello fiscal y judicial que se están dando en relación con el sumario 18/98 (el llamado «juicio al entorno de ETA»), pedimos la suspensión de este proceso.
Y lo pedimos, primero, porque todo este macroproceso es una completa aberración jurídica, que vulnera las garantías básicas del Estado de Derecho, pues se ha impulsado como un verdadero juicio político desde ese tribunal de excepción en que parece que se ha convertido, al menos hasta ahora, la Audiencia Nacional. Segundo, porque este juicio se inició en un contexto político y social muy diferente del que se da hoy en día en Euskadi y a escala del Estado español, y se planteó, a nuestro entender, como un juicio político en el que se proponía, sin más, que «todo era ETA». Es decir, cualquier disidencia nacionalista y hasta no nacionalista podía ser criminalizada, y de hecho lo era. Esta situación se ha hecho aún más aberrante tras la declaración de «alto el fuego permanente» por parte de ETA, y las enormes expectativas que ha generado en la sociedad española. Y tercero, por tanto, porque pensamos que esta tremenda anomalía jurídica es una verdadera piedra en el camino, junto con otras que diariamente se promueven desde los sectores más reaccionarios de la sociedad española, para dificultar y hasta impedir una salida negociada del llamado «conflicto vasco» en las actuales circunstancias. Es decir, para abrir un verdadero escenario de paz.
Asimismo, planteamos también esta iniciativa como un primer paso en la creación de una amplia red de organizaciones y colectivos de la sociedad civil para defender el conjunto de los derechos civiles y políticos, indispensables para poder promover cualquier mínima transformación social, y hoy cada día más amenazados al calor de la llamada «lucha antiterrorista».
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