Renta Básica de Ciudadanía: Invertir en sociedad

Desde el Observatorio de Renta Básica de Attac Madrid, nos llega este correo:
El 3 de octubre de 2005, los grupos parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana presentaron un escrito ante esta mesa solicitando que la Subcomisión iniciara sus trabajos, dado que su creación ya había sido autorizada por el Pleno de la Cámara. El pasado 26 de abril desde el Observatorio solicitamos a ERC que se interesaran en el asunto. El 27 de abril, fue presentando ante la Mesa de la Comisión un nuevo escrito instando a que esta subcomisión inicie sus trabajos con la mayor prontitud posible. Firman el escrito Carme García Suárez (Izquierda Verde-IU-ICV), Joan Tardá (G.P: Esquerra Republicana) y Gaspar Llamazares (Izquierda Verde-IU-ICV). Una propuesta similar duerme el sueño de los justos en el Parlamento vasco, como explica el autor del artículo que reproducimos a continuación…

IMANOL ZUBERO
EL PAÍS Р17-05-2006
El pasado 2 de febrero, a propuesta del grupo parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, la Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento vasco acordó la constitución de una ponencia con el objetivo de analizar la posibilidad de implantar en Euskadi la denominada renta básica ciudadana (RBC). La iniciativa, de enorme alcance, ha quedado sin embargo oscurecida tanto por la coyuntura abierta tras la declaración de alto el fuego de ETA (que ha vuelto a desplazar el foco de atención de lo social a lo político) como por el relativo desconocimiento hacia la RBC existente en nuestra sociedad.
Para empezar, habría que distinguir con alguna precisión esta RBC, que será objeto de análisis en la ponencia parlamentaria, de la renta básica actualmente existente en Euskadi. Heredera de aquel Ingreso Mínimo de Inserción aprobado por la ley 2/1990, de 3 de mayo, la actual renta básica es una prestación económica periódica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Tiene carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de prestaciones similares previstas en la legislación vigente. Garantizando el 87% del Salario Mínimo Interprofesional (521 euros brutos mensuales), la cantidad va aumentando según el número de miembros de la familia. Pueden ser beneficiarias de la misma las personas que reúnan los siguiente requisitos: constituir una unidad de convivencia y figurar en el padrón de cualquier municipio del País Vasco al menos con un año de antelación a la solicitud, disponer de recursos mensuales inferiores a la cuantía de renta básica y ser mayor de 23 años. Objeto de sucesivas reformas legales, la regulación de la renta básica se encuentra en estos mismos momentos sometida a revisión en el Parlamento vasco como consecuencia de iniciativa del PSE que busca equiparar su cuantía al SMI a partir de 2007.
A diferencia de ésta, la renta básica ciudadana (RBC) se concibe como un salario universal garantizado pagado por el Gobierno a cada miembro pleno de la sociedad, a) incluso si no quiere trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) sin importar con quién vive, y d) con independencia de la parte del país en la que viva. Se trata de un ingreso no condicional, lo que lo diferenciaría de los ingresos mínimos de inserción. Al contrario que éstos, no es el salario de la marginalidad, sino el salario de la ciudadanía. No es concebido como una provisión (es decir, como una simple cantidad de dinero que el Estado otorga magnánimamente, siempre revisable según la coyuntura), sino como una titularidad; es decir, como un derecho exactamente igual al conjunto de derechos sociales asociados al desarrollo del Estado Social: derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera.
Anthony Giddens ha escrito lo siguiente: «Dejar a la gente enredada en prestaciones tiende a excluirla de la sociedad globalmente considerada. Reducir prestaciones para forzar a los individuos al trabajo les empuja a mercados de trabajo precario ya saturados». Es cierto. El sistema actual no puede asegurar un empleo decente a todas las personas que concurren al mercado de trabajo. Como mucho, se nos promete todo tipo de ayudas para situarnos mejor en la competencia por el empleo, lo que es ya una manera de reconocer la imposibilidad estructural de que todas las personas accedan a un empleo con derechos. Pero al asociar ingresos y empleo está reduciendo en la práctica el derecho humano fundamental a llevar una vida digna, sin humillaciones, sólo a aquellas personas que pueden contar con un empleo que les reporte ingresos suficientes y estables.
Pero cómo, se preguntarán: ¿estamos hablando de cobrar un salario sin trabajar? Pues, de entrada, sí. Esta RBC no se asienta sobre el valor del trabajo ni puede ser concebido como una remuneración del esfuerzo individual, sino que tiene como función esencial distribuir entre todos los miembros de la sociedad una riqueza que es el resultado de las fuerzas productivas de la sociedad en su conjunto y no de una simple suma de trabajos individuales. En un interesante artículo publicado en el año 2000 en la revista Boston Review, el nobel de Economía Herbert A. Simon sostenía que, probablemente, no menos de un 90% de los ingresos generados en las sociedades ricas depende no de la productividad individual, sino del capital social, de manera que no carecería de fundamento moral abogar por un impuesto sobre la renta de hasta el 90% que devolviera la riqueza a sus auténticos propietarios: el cuerpo social en su conjunto.
Por poner un ejemplo un tanto burdo, pero clarificador: David Beckham o cualquiera de los galácticos parece ser, a priori, un individuo altamente productivo: no hay más que ver lo que cobran. Pues bien, saquemos ahora a cualquiera de ellos de Madrid y pongámoslo a jugar al fútbol en Faluya, en Darfur o en Medellín: ¿seguirían siendo tan productivos? Sin negar un ápice la importancia del individuo emprendedor, la riqueza de una sociedad es en gran medida fruto de factores sociales que generan un contexto de confianza, legalidad, cohesión, seguridad y participación imprescindible para la generación de iniciativas económicas. Desde esta perspectiva, podría considerarse la RBC -que de ninguna manera alcanzaría el 90% de la renta personal- como una inversión en sociedad.
La RBC otorgaría libertad real a las personas para acceder al mercado de trabajo, sin verse forzadas a hacerlo en cualquier condición. Permitiría también compatibilizar a lo largo del tiempo actividades diversas, todas ellas necesarias para el desarrollo personal y para la construcción de un orden social sano: el trabajo para el mercado, el trabajo social, la autoproducción, la formación, el activismo social y político, etcétera. Y permitiría, sobre todo, descubrir que nuestra obligación fundamental no es la de crear riqueza, sino la de crear sociedad. ¿O hemos olvidado la leyenda del rey Midas, de su capacidad inmensa para generar riqueza y de cómo esta misma capacidad amenazaba mortalmente su existencia humana?
Son muchas las cuestiones que habrán de discutirse y perfilarse en relación a estas ideas: si es posible la RBC en un solo país (mucho más en una comunidad autónoma) o si sería necesario proponerla en un marco más amplio, como por ejemplo la Unión Europea; cómo lograr su universalización con el fin de no limitarla a las sociedades más ricas; cómo lograr su aceptación en contra de la cultura de la satisfacción dominante, etcétera.
En todo caso, bienvenidas sean todas las matizaciones y las discusiones, bienvenidas todas las discusiones sobre cómo hacerlo, pues ello significaría que ya estamos de acuerdo en el qué hacer.